India: las cárceles detrás del fasto

Mientras el resto del mundo juega al ajedrez de Bush -blancas abren partida, el que no está conmigo está contra mí- la populosa democracia india se deja lleva por la herencia británica y corea sus victorias en el cricket.

La prensa cibernética de la India viste los mismos colores que la occidental -lujo, aventura y asepsia- salvo por los atuendos tradicionales de las go-getters, mujeres que triunfan en un mundo para hombres. Y entre esos tonos azafranados –probablemente confeccionados por los cientos de miles de niños esclavos de la industria de la seda- no encontramos casi referencia a la desigualdad, a la miseria, quizá porque la pobreza no viste, quizá porque a la elite del país lo que le interesa son las similitudes con Europa y no todo aquello que les distancia. Una pobreza maridada con la apertura económica, pero en la que se suelen olvidar sus dos grandes barraganas, la falta de salud y de educación como advirtió Amartya Sen, en una nación que acaba de alcanzar el 5,04% de inflación. Los datos de UNICEF hablan de 113.000 personas sólo en Bangalore, que no tienen más remedio que defecar al aire libre, ante la inexistencia de letrinas, lo que viene a depauperar más si cabe una higiene altamente deficiente: más de la mitad de los seis millones de habitantes de esta región beben de fuentes contaminadas por basuras o unas canalizaciones en malas condiciones y casi un tercio no dispone  de acceso al agua corriente o si lo hace es de forma limitada. 

Después de seis meses las conversaciones con los independentistas llegan a punto muerto, con acusaciones de talibanización, por si alguien en el exterior escucha. Se suceden los trasiegos entre India y Bangladesh –1,5 millones de inmigrantes ilegales aproximadamente-, sin que la cita a ciegas propuesta por Amnistía Internacional (AI) el 14 de febrero para aliviar las tensiones llegara a buen puerto.

Entretanto la Bengala natal de Sen acoge los ensayos nucleares con los que la India demuestra sus potencialidades: el Agni, una bestia nuclear con un alcance de 800 kilómetros, que puede romper la tensión superficial del vaso de agravios mutuos entre India y Pakistán. Quizá están jugando como los científicos de la Universidad de Chicago a medir la presión del aire dentro de la bola de papel arrugado de sus relaciones… Y no arrugado sino mojado parece ser el Programa Común Mínimo, fruto de las promesas electorales cuyo incumplimiento ha denunciado recientemente AI.

De prosperar esta reivindicación de la organización internacional las 16.000 viudas y los huérfanos pandits de la violencia extremista en las regiones de Jammu y Cachemira recibirían una ayuda para contrarrestar la resignación por la pérdida de sus “desaparecidos”, víctimas de su condición de minorías. Ya hay voces como la de Panun Kashmir que reivindican una postura más activa frente a los actos terroristas que les convierten en “refugiados en nuestro propio país”, expectantes de la creación de un Estado hindú en el Valle al que el mundo conoce por la calidad de sus tejidos.

2001 dejó olvidados los centenares de civiles muertos cada mes de un conflicto residual, no merecedor de la atención de un Primer Mundo que importa sus cerebros informáticos o los explota en origen.

En noviembre de 2002 más de 2000 personas estaban a la espera de una indemnización, que los plazos –se necesitan siete años para declarar legalmente muerto al que “desaparecieron”- y la lentitud de policía y hospitales -a la hora de facilitar los partes- dilatarán más y más en el tiempo en un país donde las muertes por congelación pasan desapercibidas dentro una estadística plagada de defunciones por todas las parejas de baile de la miseria.

A todo esto se une un Grupo de Operaciones, que a modo de “condottieri” ejercen el poder para restablecer el orden, pasando por alto las consideraciones que imponen el respeto de los derechos humanos. Para acabar con el insurgente/disidente cualquier metodología –detenciones, minas terrestres y allanamientos de morada sin previa orden judicial, incluidos- es buena o así lo establecía la Ley (sobre Poderes Especiales) de las Fuerzas Armadas de 1958. Y ahora la decisión del Gobierno de “reorientar” a este cuerpo paramilitar acusado de torturar y violar a los detenidos desde hace diez años viene a refrendar sus actuaciones, echando así cal viva sobre las denuncias y abriendo un símil de ley de punto final que garantizará la amnistía para estos guardianes celosos de la ley y el orden. Valores, que no imperan en todo el escenario teniendo en cuenta que el 84% de los menores en edad escolar de la antigua Calcuta, hoy Kolkata, no asisten a centros educativos, porque un 49% tienen otros deberes extraescolares: desmontar baterías gastadas, recoger desechos o trabajar con maquinaria peligrosa o  sustancias tóxicas. Y un salario miserable, horarios inacabables o malos tratos son una alternativa laboral, sobre todo si la otra opción es prostituirse.  Así las cosas, dejemos que el conflicto siga su curso: las caras de placidez resignada de los indios así lo recomiendan… Aquí no hay crudo.