Del lobby feminista a la mujer como eje del desarrollo

La incorporación del concepto “género” a los Objetivos del Milenio probablemente haya resultado chocante para muchos, toda vez que ante problemas acuciantes como la hambruna, la deuda externa o las pandemias, el igualitarismo suena más a prioridad del Primer Mundo que a necesidad del subdesarrollo. No obstante, la inclusión de este tercer objetivo es evidente en economías donde el núcleo familiar se articula en torno a una mujer polivalente: madre, agricultora, asistente sanitario…

En palabras de  Kofi Annan no hay estrategia de desarrollo eficaz en la que la mujer no desempeñe un papel central. Cuando la mujer participa plenamente los beneficios pueden verse inmediatamente: las familias están más sanas y mejor alimentadas; aumentan sus ingresos, ahorros e inversiones. Y lo que es cierto para las familias también lo es para las comunidades y, a la larga, para países enteros”.

 

Empowerment ¿sólo para países en vías de desarrollo?

Cabe preguntarse si los países industrializados tenemos la fórmula magistral para exportar un desarrollo participativo, sostenible, que incorpore a todos los agentes sociales. Situaciones alarmantes como las últimas cifras de violencia doméstica en España han hecho necesario un enfoque particularista, diseñado según las condiciones de cada situación y no tanto un reduccionismo dispuesto a atacar las disparidades existentes en los países más pobres, como explicita el slogan de que Kate Young al apostar por la “democracia en el país y en la casa”.

Mientras aparentemente las soluciones para los PVD giran en torno a la empleabilidad y la puesta en valor de las mujeres –para impedir que se sigan reproduciendo casos como las lapidaciones de adúlteras, se mantengan tradiciones ancestrales que apartan a las mujeres de su actividad diaria durante el ciclo menstrual, y otras formas de ciudadanía deficiente-, las féminas de los “países bien alimentados” centran su preocupación en lo que Mariano Álvaro Page definió como indicadores de la discriminación entre géneros, “los usos del tiempo” (necesidades personales, trabajo doméstico, educación, trabajo remunerado y tiempo libre). Pero como ya se ha señalado estos presupuestos emancipacionistas o de igualdad de oportunidades no están del todo conseguidos en nuestras sociedades, en las que las mujeres siguen ejerciendo el tándem laboral dentro y fuera del hogar, pero con poco peso real en la esfera pública –trivialicemos si les parece con ese rol de segundona de Mª Teresa Sáez en el sainete ¿tan poco constructivo? de la Asamblea madrileña-.

Proyectos viables en todas las direcciones

En esa línea la OIT defiende un desarrollo normativo para hacer realidad la igualdad de oportunidades, trato, acceso a la propiedad y a los recursos productivos, financieros y educativos entre sexos, así como “la ampliación de protección social, la mejora de las condiciones de trabajo y el robustecimiento de la organización y capacidad de negociación de las mujeres pobres”.

Entre las iniciativas que están dando pasos firmes señalaría los cursos de liderazgo de la

Asociación Caribeña para la Investigación y Acción Feministas (CAFRA), sobre legislación, formación política, economía (con especial atención al desarrollo sostenible y la globalización), violencia doméstica, pobreza y sexualidad o el programa de la ONG Help for Progress, para la capacitación de mujeres indígenas de Belice, ambos promovidos por el Banco Interamericano de Desarrollo dentro del PROLID (Programa de Apoyo al Liderazgo y la Representación de la Mujer). Y en la esfera no institucional, los programas de producción y comercialización, educación y salud, de Enlace Civil, desarrollados por las comunidades indígenas de Chiapas.

Huyendo del tópico que acusa a los gobiernos de los países con pocos recursos de destinar los que reciben para sufragar turbios negocios, es de destacar el esfuerzo del gobierno costarricense y del Instituto Nacional de la Mujer (INAMU) con su Programa “Creciendo Juntas. Ley 7769”, (Programa de Atención a Mujeres en Condiciones de Pobreza),  basado en cuatro parámetros, fortalecimiento personal y colectivo de las mujeres, capacitación técnica, inserción laboral e incentivación económica.

El proyecto, que emplea la metodología de la “Línea de Pobreza”, discrimina los niveles de recursos en función de la capacidad de la unidad familiar para atender a sus necesidades básicas. El único inconveniente de entrada, sería que el sistema se basa en las cifras relativas a los hogares con ingresos conocidos, de acuerdo con la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, efectuada en 1997, lo que seguramente deja fuera a muchos individuos por su imposibilidad de contestar a los datos requeridos por el encuestador o por la propia falibilidad de los métodos estadísticos. Otra de las críticas, viene desde dentro, con la acusación de ACONAMIC, Asociación Consejo Nacional de Mujeres Indígenas de Costa Rica, sobre “programas de gobierno que no están pensados para mujeres indígenas, no satisfacen nuestras necesidades y sólo nos utilizan para sus fines políticos o intereses personales”.

Entre los proyectos del INAMU, el Plan Nacional para la Atención y la Prevención de la

Violencia Intrafamiliar (PLANOVI) podría ser un ejemplo a seguir por las despreocupadas autoridades españolas, acostumbradas a los titulares con víctima femenina. La campaña “Por una vida sin violencia”, de tres fases, se construía alrededor de frases de impacto como “ La paz comienza en nuestros hogares”, “Nada justifica la violencia” y “Vivir sin violencia es posible”, y logró transmitir el mensaje poner freno a loas agresiones a un número suficiente de receptores si hacemos caso a los datos de la consultora Unimer. De hecho, entre 1995 y 1997 el número de denuncias por violencia doméstica ante la Delegación de la Mujer aumentó en 200%.

Ya en 1996, se comenzó a planificar la creación de Oficinas de Promoción de los Derechos de las Mujeres, una idea descentralizadora de la que podía tomar buena nota nuestra industrializada Administración, volcada más en lo paliativo que en la sensibilización preventiva.

Sea por la presión internacional (el país ratificó en 1995 la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, sea por un verdadera conciencia de incorporar las políticas de género, entre 1989 y 1999, el gobierno de San José ha elaborado una normativa encaminada a la protección de los más desfavorecidos, con leyes contra el hostigamiento sexual, la violencia doméstica, de promoción de la igualdad social de la mujer, contra la explotación sexual comercial de menores o sobre salud sexual y reproductiva, entre otras.