¿Siempre fue todo así de fácil?

Un jinete armado, un hombre cayendo a sus pies en primer plano, la masa popular alrededor. No, no nos referimos al cuadro de Goya “La carga de los mamelucos”, sino al de Ramón Casas que recrea la represión de los manifestantes obreros en la huelga general de 1902. Hablamos de los años en que la cuestión social se convierte en un quebradero de cabeza para los sucesivos gobiernos de la Restauración de María Cristina y Alfonso XIII y más concretamente deI llamado gobierno largo de Antonio Maura, del que Valle-Inclán nos deja un mordaz retrato en su esperpentillo “¿Para cuándo son las reclamaciones diplomáticas?” al contar la anécdota sobre “El Abanderado de las Hurdes» un periódico que representa los intereses de la España conservadora, en cuyo libro de honor «los pocos que saben firmar han dejado su autógrafo. El de don Antonio Maura tiene una cruz». Es necesario retrotraernos a una España en la que se suspenden las garantías constitucionales en Barcelona y Girona ante la alarma social creada por un pujante terrorismo de carácter social.

 ¿Y a qué tienen tanto miedo las instituciones? Volvamos atrás… El 8 de enero de 1892 Jerez de la Frontera sufre momentos de gran agitación; los campesinos de la localidad -2000 de ellos sin tajo- protestan contra el desamparo en que viven, pero para aliviar y tranquilizar a las clases acomodadas se envía a Sanlúcar a la caballería como informa el diario “La Época” en su edición del 19 de enero. Es la España que más adelante capturará Buñuel en esa “Tierra sin pan”, la de los desheredados a los que no queda más que la supervivencia ante la falta de asistencia y derechos mínimos. Según otro periódico de la época “El Resumen”, aunque el anarquismo resultase “una manifestación social digna de las más severas censuras, horrible, ilógica, incapaz para conducirnos a ninguna parte” era imprescindible poner en marcha una ley de enseñanza gratuita y obligatoria “para convertir a las bestias en hombres”. Unos y otros terminan por ver la urgencia de encauzar las justas vindicaciones de aquel proletariado de a dos reales y medio el jornal.

1908 el año de la solidaridad obrera

En 1907 se daba por concluida la actividad del bandolerismo andaluz con la muerte del Pernales y el Niño de Arahal en la Cumbre de los Morricos a manos de la Guardia Civil. Ésa y no otra era la manera de acallar las algaradas prerrevolucionarias, la que el cotidiano “El Liberal” califica de “la protesta de la desesperación y del hambre”, e incluso las raterías de estos montaraces ladrones. En palabras de Ossorio y Gallardo el que fuera quíntuple presidente del Gobierno, Antonio Maura, promovía el intervencionismo en materia de protección social por la firme convicción de “que es necesario perseverar en el camino de la acción protectora de los obreros; pero esto no con esperanza de agradecimiento, que ello equivaldría a tanto como tener espíritu de usurero, sino por un sentimiento íntimo de justicia… Por la justicia a favor de los menesterosos, siempre; por el miedo a los caudillos y agitadores profesionales, jamás”. Y ante todo con el objetivo de sojuzgar al pistolerismo nacido de lo que Constancio Bernaldo de Quirós cataloga como el  “espartaquismo agrario español”. De poco le servirá al Duque de Maura… primero, el llamamiento a filas de reclutas para la guerra colonial en Marruecos que provoca la huelga general y luego los sucesos de la Semana Trágica en la Ciudad Condal de 1909 significarán su salida del Gobierno.

Pero volvamos a 1908, el año de la catástrofe de Málaga, el de la marcha de unos 5.800 gallegos a Panamá para participar en la construcción del Canal, el de la celebración de “Congreso Obrero de Catalunya” y de la constitución de entidades concebidas para paliar las revueltas de los trabajadores como la federación de sindicatos, Solidaridad Obrera o la asociación católica Casa de los Obreros de San Vicente Ferrer, concebida por el primado valenciano Enrique Reig…

Decidido a poner freno a las reivindicaciones de anarquistas y socialistas –haciendo “una revolución desde arriba, para que no nos la hagan desde abajo”- Maura da luz verde el 27 de febrero de ese año a la Ley de creación del Instituto Nacional de Previsión, con Eduardo Dato como presidente de este proyecto de índole solidarista. El INP que funcionará precedente de la actual Seguridad Social española y que en un primer momento asume como competencias los primitivos seguros sociales obligatorios de pensiones, con el denominado Retiro Obrero que más tarde se convertirá en el Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez; el subsidio familiar; el seguro obligatorio por enfermedad y los precursores de los primeros seguros contra el paro forzoso.

Su mayor adalid había sido Eduardo Dato, impulsor de la justicia social como quedará recogido en su “Discurso ante la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas”, pero sobre todo a José Maluquer y Salvador, pertinaz en su defensa de un sistema semejante al alemán desde 1904 considerando “necesaria la creación de un organismo que organizase el aseguramiento con sujeción a las reglas de la ciencia y práctica en la técnica del seguro”, como recoge José Luis Monereo en su artículo “El Instituto Nacional de Previsión: Ubicación histórica, social y político-jurídica”, incluido dentro del volumen “Cien años de Protección Social en España”.

Ya en 1903 el reformista de Granollers presenta una moción sobre la creación de una Caja Nacional de Seguro Popular, antes de la redacción de un proyecto de ley en 1904, aprobado por el Instituto de Reformas Sociales y enviado al Gobierno en 1905. Tanta era su convicción que los gastos de la que sería la primera oficina de la institución, impulsada por el Instituto de Reformas Sociales, en la madrileña calle Sagasta corrieron a cargo del propio Dato y  Maluquer, mientras, los recursos económicos de este INP  devinieron de las cuotas patronales y la bonificación estatal. Luego vendría la correspondiente labor pedagógica para convencer a los reticentes de las ventajas del nuevo modelo de aseguramiento. Seguro que estipulaba una pensión de una peseta al día como contrapartida a la cuota de diez céntimos que debían abonar diariamente los patronos y que alumbró enseguida en la imaginación popular el nombre –Casa de la perra gorda- con el que durante muchos años se ha conocido a los edificios que albergaban la sede del INP en cada ciudad.